El Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, que articula a mas de 80 organizaciones de mujeres Mayas, Xinkas y Garífunas, ante los actos de desalojo cometido por las fuerzas de seguridad  pública, contra la resistencia pacífica de las comunidades del pueblo Maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, manifestamos nuestra solidaridad a hombres, mujeres, niñas/os, personas de tercera edad, quienes luchan por la defensa de la madre tierra y los demás bienes naturales que desde hace años han sido explotados y contaminados por las operaciones de megaproyectos en la región, como la minera Fénix propietaria de CGN Pronica y Solway empresa minera rusa con sede Suiza.

Nos preocupa la participación masiva y la actuación de las fuerzas de seguridad pública, ante la resistencia de la población, que por varios meses han pedido que se atienda la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que indica que las operaciones de la empresa minera podrán reiniciarse al terminar el proceso de consulta ordenada  por dicha instancia, al que la empresa ha ignorado rotundamente.  La resistencia de las comunidades se da en un contexto en el que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y empresa han humillado y violentando los derechos de la población, debido a que el MEM guarda silencio ante las operaciones de la empresa a pesar de la resolución de la Corte de Constitucional, donde  el mismo Ministerio ha negado la participación de las comunidades en el proceso de consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad ya iniciada en el que participan únicamente personas afines a la minera.

Exigimos al Gobierno de Guatemala, Ministerio de Gobernación,  e instituciones estatales involucradas,  a ya no seguir utilizando a la Policía Nacional Civil (PNC)  en actos de represión en contra de la resistencia y demandas legítimas de la población, en el marco de la desatención al derecho a la consulta, como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunciada por las comunidades del pueblo Q’eqchi’ desde hace muchos años atrás.

El uso de la fuerza, el establecimiento de un estado de sitio en respuesta a los intereses empresariales,  en especial de proveedores de la minera Fénix, el actual gobierno demuestra una vez mas que se preocupa por los intereses empresariales, cometiendo faltas graves, al incumplir con su mandato, según los  artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la Republica, “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”, y “Garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. En este escenario, nada se ha garantizado, ni mucho menos el bien común, cuando se defienden intereses empresariales, personales y extrajeras, y aún mas indignante, cuando el uso de las fuerzas para cometer actos de violencias en contra de la población Q’eachi’ se comete en el marco de una “represión subsidiada con nuestros impuestos”.

Demandamos a las instancias de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, verificar los hechos de graves violaciones que se han cometido en contra de los Derechos Humanos de la población en resistencia, que históricamente ha sido una forma de acallar las demandas de los pueblos indígenas, reafirmando de esta fora, el actual y carácter racista de las instituciones del Estado guatemalteco.

Guatemala, 22 de octubre de 2021.